Este jueves los tribunales marroquíes revelaron que están procesando nuevos pistas lingüísticas internacionales relacionadas con el caso del periodista Omar Radi.
Primer caso
El 6 de abril de 2019, Omar Radi publicó un tweet en el que evoca al siguiente «juez de Lahcen Tolfi, del tribunal de apelación verdugo de nuestros hermanos (es decir, de los prisioneros del Rif) que nos recuerdan bien en muchos regímenes mientras volvía a mendigar ayuda, alegando haber cumplido órdenes, sin olvidar ni perdonar a estos funcionarios carentes de toda dignidad”.
Estos comentarios, que constituyen el desprecio del magistrado, un delito tipificado de conformidad con el artículo 263 del Código Penal marroquí, en este contexto, se escucharon por orden de la Fiscalía. Enjuiciado el 26 de diciembre de 2019 bajo arresto, se le concedió la libertad provisional el 31 de diciembre de 2019. Durante todas las etapas del juicio, disfrutó de todos sus derechos según lo dispuesto por la ley.
Beneficiándose de circunstancias atenuantes, solo fue sentenciado el 17 de marzo de 2020 a una sentencia suspendida de cuatro meses y una multa de 500 dirhams. Apeló el veredicto, que está programado para el 23 de septiembre de 2020.
Segundo y tercer casos
Desde el 24 de junio de 2020, Omar Radi ha sido entrevistado, en estado de libertad, ocho veces por la Policía Judicial de Casablanca como parte de una investigación preliminar ordenada por la Fiscalía. Durante esta fase, publicó regularmente la citación que le dio la Policía Judicial y también otras 28 publicaciones en las redes sociales para presentar su versión sesgada de los hechos.
Los mismos mensajes fueron utilizados como parte de una campaña de presión sobre las autoridades judiciales marroquíes (obligadas a guardar silencio por respeto al secreto de la investigación) iniciada por varias ONG nacionales e internacionales. Además, el 15 de julio de 2020, organizó una conferencia de prensa en la sede de la Unión Nacional de la Prensa Marroquí en Rabat, en presencia de su abogado, para presentar su versión manipulada de los hechos sin respetar los imperativos del secreto de la investigación.
Al final de la investigación, fue presentado el 29 de julio de 2020 ante el Fiscal General del Rey en la Corte de Apelaciones de Casablanca, asistido por varios abogados. Esta autoridad solicitó el enjuiciamiento bajo arresto por los siguientes cargos:
– Agresión indecente con violencia y violación (luego de una denuncia de violación presentada por su colega de trabajo en el sitio electrónico Le Desk.ma, donde asume la responsabilidad del editor en jefe del departamento de investigaciones);
– Recibo de fondos extranjeros con el objetivo de socavar la seguridad interna del Estado y mantener contactos con agentes de un Estado extranjero para dañar la situación diplomática en Marruecos (Omar Radi ha mantenido desde 2013 con diplomáticos holandeses estacionados en Rabat, responsables de monitorear la situación general en Marruecos. Esta relación se fortaleció durante los eventos en la ciudad de Al-Hoceima en el norte del Reino. Omar Radi se desempeñó como agente de campo para recopilar información sobre la situación en el Rif en beneficio de los diplomáticos holandeses. Asimismo, Omar Radi ha recibido transferencias de dinero desde el extranjero, en particular desde el canal Al-Mayadine, controlado y financiado por el Escuadrón Al-Quds, luego dirigido por Qassem Soulaymani, del Pasdaran iraní, el Hizbollah libanés y el régimen de Bashar Al-Assad, liderado desde su creación en 2011 por el tunecino convertido al chiísmo Ghassane Benjeddou, ex miembro de gabinete de Houssein Fadlallah, referencia dignataria y religiosa chiíta libanesa.
Además, el padre de Nidae es un ex miembro de la Guardia Revolucionaria iraní que murió durante la guerra iraní-iraquí. Hezbolá recurrió al español libanés naturalizado que evolucionó en América Latina para financiar este apoyo).
– Evasión fiscal: la investigación con Omar Radi descubrió que a sabiendas no informó sus ingresos, que ascendieron a miles de dólares, recibidos del extranjero por no pagar el impuesto sobre la renta.
El juez de instrucción ordenó que lo pusieran bajo una orden de detención en el establecimiento penitenciario más cercano donde residen su familia y su grupo de defensa.
Foto portada: FIDH.com
