La seguridad nacional desde la perspectiva de los Derechos Humanos de Migrantes: el caso de México

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Iniciamos esta exposición con el concepto de seguridad nacional como se concibe en la esfera gubernamental mexicana actual y que seguramente coincide con la mayor parte de las concepciones de seguridad nacional en el mundo.
De acuerdo a leyes y reglamentos, el actual gobierno delineó desde 2019 sus lineamientos de seguridad.
De acuerdo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (DOF 16/05/19) y al Plan Nacional de Desarrollo (DOF 17/07/19), cito “el Gobierno de México entiende a la seguridad nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera.”
Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3 la define como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
Que de acuerdo al gobierno federal de México, conlleven a: (cito)
1. Proteger al país frente a riesgos y amenazas.
2. Preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.
3. Mantener el orden constitucional y la unidad de la federación, así como fortalecer las instituciones democráticas de gobierno.
4. Defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional.
5. Preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político.
Y se indica que (cito) “El concepto de Seguridad nacional articula el quehacer del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del resto de las instituciones que integran el Sistema de Seguridad Nacional.”
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA SEGURIDAD NACIONAL
De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, (cito) “las acciones y políticas que tienen como propósito preservar la seguridad nacional se rigen por los principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación, respeto a los derechos humanos, así como a sus garantías.”
Se puede notar que el respeto a los derechos humanos va como el objetivo final y aparentemente el menos importante.
Señala el documento oficial que “SEGURIDAD NACIONAL, SEGURIDAD PÚBLICA, No son sinónimos, pero sí conceptos estrechamente relacionados”.
Y se reitera (cito) “que la seguridad nacional se encuentra definida -con un enfoque práctico- en la ley de la materia como: las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, tanto en su vertiente de seguridad interior como de defensa exterior, cuya preservación corresponde al Presidente de la República.”
Muy importante y entendible que en un sistema presidencialista como el mexicano se reconozca que la preservación interior y exterior de la seguridad nacional corresponde al presidente de la República.
Esto significa que la autoridad y responsabilidad de preservar la seguridad nacional descansa en el presidente de la República. Y bajo cualquier circunstancia es el primer responsable de mantener la integridad nacional ante cualquier fuerza interna y externa y siguiendo el principio de respetar los derechos humanos.
Analicemos la definición oficial de seguridad pública de acuerdo a las disposiciones constitucionales y como ejemplo, veamos cómo se cumple o no en el acotamiento y control de la delincuencia organizada, y las implicaciones sociales y políticas que tiene para toda la población en nuestro territorio.
El documento oficial indica (cito) que “la seguridad pública de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una función concurrente a cargo de los tres niveles de gobierno, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado”.
De nuestra parte subrayamos lo siguiente: los tres ordenes de gobierno digamos federal, estatal y municipal, tienen como fines (cito) “salvaguardar la integridad y derechos de las personas y preservar libertades”.
Si hablamos de los tres poderes es decir ejecutivo, legislativo y judicial todos coincidimos que en su conjunto deberían cumplir con estos mismos fines.
Y es en este contexto donde nuestra tarea como organización promigrante se permite reinterpretar y con el espíritu humanitario y de justicia de nuestra Constitución, preguntar
Y es una pregunta para todos los estados soberanos, dirigentes políticos y analistas o asesores de estos gobiernos: como hacer compatible la seguridad nacional con el derecho a la seguridad humana y la vida de personas en movilidad
Se puede hablar de seguridad nacional si no somos capaces de dar seguridad, derecho a la libre movilidad y circulación y a no ser molestado en su domicilio como indica nuestra Constitución a millones de personas ?
Y no se trata solo de las personas en movilidad y tránsito que están en nuestro territorio, sean diásporas de personas que huyen de sus países por extrema pobreza, violencia institucional o condiciones ambientales adversas, causa más frecuente de la migración internacional y los desplazamientos forzados.
Desafortunadamente no solo es este núcleo de poblaciones en movilidad y tránsito con dolorosas afrentas a su vida, a sus libertades como sucedió a finales de marzo de 2023 en Cd Juárez con 40 personas fallecidas encerradas en una estación migratoria y en agosto de 2010 los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas por el crimen organizado.
Podemos hablar de seguridad nacional cuando una parte de nuestro territorio está bajo control o fuerte influencia del crimen organizado?
En mi perspectiva, la mayor amenaza para nuestra seguridad nacional es la creciente inestabilidad social y política que se genera por no atender las necesidades de desarrollo económico y empleo en nuestro país.
La amenaza del narcotráfico disminuiría significativamente con mayor desarrollo y oportunidades en las regiones atrasadas de nuestro país que han sido proclives al surgimiento de actividades ilícitas como trafico de drogas, cultivo de enervantes o producción clandestina de precursores químicos y barbitúricos.
La política anti-drogas no debe enfocarse primordialmente a la represión física y material de los integrantes de los carteles mexicanos y sus redes de producción y distribución sin atacar con igual intensidad la red estadounidense de distribución y la gran demanda del mercado de consumidores estadounidenses de drogas, tendrá efectos limitados y en muchos casos contraproducentes debido a la compleja red de complicidades entre autoridades mexicanas de todo tipo a nivel federal, estatal y municipal con los dirigentes y personeros de los carteles de la droga.
Pensar y ejecutar políticas que pongan el énfasis en la represión y combate judicial y militar contra el narcotráfico sin cambiar el patrón de desarrollo de regiones atrasadas en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, altos de Sinaloa y en general, el incremento del desempleo juvenil y la marginación de la población indígena, no augura resultados efectivos de largo plazo sino el grave riesgo de militarizar amplias regiones del país y generar temor de la población civil y un efecto contrario a la atracción de turismo internacional y nuevas inversiones extranjeras.
En años recientes se ha hablado de un bloque de América del Norte e incluso el presidente de México ha hecho llamados a una alianza continental.
Más allá de retórica y buenos deseos, en un trabajo de evaluación sobre la seguridad y prosperidad en América del Norte, la diplomática mexicana Marcela Celorio recogió una amplia gama de opiniones sobre la perspectiva de la seguridad nacional y el desarrollo en Norteamérica.
Tanto el excanciller Bernardo Sepúlveda, como otros expertos entrevistados por Celorio, manifestaron que: “más que comunidad de intereses hay una heterogeneidad de intereses que impide avanzar hacia una mayor integración y/o construcción de una comunidad en América del Norte”.
Esto implica que ante estas desigualdades no es factible hablar de construir un bloque norteamericano y mucho menos hablar de un “perímetro de seguridad de América del Norte”.
De acuerdo con Sepúlveda y varios de los expertos entrevistados por Celorio “la integración de la región de América del Norte y la conformación de una comunidad no es factible, debido a la falta de confluencia de intereses tanto económicos como políticos: no hay posibilidades reales de crear una unión aduanera; en materia de energía persisten las divergencias y en el ámbito migratorio advertimos una incompatibilidad seria en las aspiraciones mexicanas y estadounidenses.”
En éste último rubro, Canadá, aún y con una política migratoria generosa, se opondría al libre tránsito de personas por sus fronteras”.
“Bajo esta perspectiva estos tres elementos que estarían integrando una propuesta de comunidad no descansan en bases sólidas.” Pasarán muchas décadas para que la integración estatal pueda verificarse. En la clase política de los tres países se advierte una falta de dirección y de una visión realista respecto a las genuinas posibilidades para avanzar en la construcción de una comunidad”.
“En ese sentido se sugiere que antes de pensar en una mayor integración en la región se atiendan y resuelvan los temas que dificultan las relaciones, como la migración, la soberanía, política exterior, y la asimetría económica, entre otros’’. Véase: Marcela Celorio, texto citado, “El debate actual en torno a la ASPAN: la seguridad y la integración en América del Norte” Working Paper, Center for North American Studies at the American University, Washington, DC 2006. Citada por mi en https://academia.edu/resource/work/724806
Me inspira mucho el trabajo del Dr Agustín Maciel Padilla en uno de sus ensayos más recientes “El reto de la agenda de defensa en México”
En su ensayo, El reto de la agenda de defensa de México: La ausencia de un enfoque integral de seguridad nacional, (editado por la agencia chilena Athena Lab, diciembre 2020).
Agustín Maciel-Padilla plantea que el Estado mexicano necesita replantear la estrategia federal de seguridad para que las Fuerzas Armadas se enfoquen en las tareas legalmente asignadas y cedan el resto de sus responsabilidades a las autoridades civiles.
Maciel subraya que “ esto permitiría al Ejército enfocarse en actividades especializadas para proteger la seguridad nacional del territorio.”
Maciel Padilla plantea que el primer aspecto para entender el tema de la seguridad en México se tiene que estudiar considerando la relación binacional con EEUU iniciada en los años 80 respecto al tema del narcotráfico y el combate al crimen organizado. Estas son las tesis de Maciel Padilla
“Discutir la seguridad nacional de México representa un arma de dos filos: si se discute, no se puede evitar incluir en la ecuación a los Estados Unidos; si no se discute, los Estados Unidos pueden definir la seguridad de México por default, al presionar por incrementar la cooperación bilateral en la materia, sin que el país pueda estar adecuadamente posicionado”,
Mientras que de manera interna, puntualiza Maciel asegura que en “México persiste una confusión sobre las líneas que separan a los términos seguridad nacional, interna y pública” y esto “obstaculiza el diseño de políticas públicas adecuadas y eficientes en materia de seguridad”.
Maciel-Padilla señala que el Gobierno mexicano necesita reestructurar su sistema de seguridad nacional para poder definir una agenda para las Fuerzas Armadas en el futuro para que se convierta, exclusivamente en un instrumento por excelencia de la seguridad nacional.
Esto para revertir un problema estructural al que, según su opinión, ha estado sometido el Ejército desde los años 40 del siglo pasado:
“Las Fuerzas Armadas de México han participado en la erradicación de plantíos de amapola y marihuana dentro de territorio nacional y en las últimas décadas, su presencia en las calles ha sido la respuesta del Gobierno mexicano al reto del crimen organizado. Esta ha sido una medida expedita para el liderazgo civil, pero ha limitado los esfuerzos por profesionalizar y equipar a las policías del país”.
También indicó Maciel que el problema se agudizó en esta administración, con la creación de la Guardia Nacional, “contraposición a un proyecto de largo plazo, como era el de la Policía Federal”.
Sin embargo, el “Plan Militar de Defensa conjunto” establece que las Fuerzas Armadas parece que están diseñadas como un ejército de ocupación y contención, que uno de defensa y esto obstaculiza la posibilidad de coordinar operaciones de combate entre diferentes corporaciones”.
Incluso, el programa sectorial más reciente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no refleja avances en cuanto a profesionalización y modernización institucional, sino que solo “obedece a una serie de prioridades no militares del régimen actual”.
Mientras que la Secretaría de Marina (Semar) tiene objetivos prioritarios mucho más claros y enfocados a los desafíos del país de cara al siglo XXI, uno de ellos: “impulsar la investigación científica y desarrollo tecnológico en el ámbito naval”.
Hay riesgos de tener fuerzas armadas en temas de seguridad pública: Maciel Padilla
La práctica de involucrar a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública no es extraña en otras partes del mundo, como alternativa para atender retos que no se pueden atender eficientemente en los ámbitos local o estatal, como el combate al crimen organizado.
El Ejército y la Marina han sido utilizados como apoyo en el ámbito federal, sin embargo, Maciel señala que es preciso recordar que este no es su objetivo principal, puesto que mantenerlos de manera fija en estas actividades, expone a estas corporaciones a la corrupción, que caigan en un exceso de fuerza que impliquen violaciones a los derechos humanos de civiles o bien que sean vejados por la población en regiones controladas por el crimen organizado.
Además, Maciel-Padilla asegura que a nivel mundial esta estrategia no ha resuelto el problema del combate al crimen organizado y solo se expone innecesariamente a la institución castrense.
Más aún, en México, uno de los valores más importantes con que cuenta el Ejército es su reconocimiento social, como la institución más valorada del Gobierno, con un 60% de aprobación social.
Según Maciel, otro aspecto que tiene que tomar en cuenta la estrategia de seguridad nacional es su verdadera función: salvaguardar la soberanía nacional. En este sentido, las Fuerzas Armadas deben mostrar al mundo que son capaces de cumplir con este cometido.
Sobre todo en el ámbito regional, donde EEUU precisa de la cooperación mexicana para gestionar su estrategia de combate al crimen organizado.
México necesita enviar esta señal a EEUU para poder negociar aspectos regionales de seguridad, siempre y cuando tenga algo qué aportar.
Por eso, el Gobierno mexicano debe garantizar que es capaz de encargarse de su propia seguridad para tener derecho de voz y voto al momento de diseñar estrategias regionales.
Pero además, el experto mexicano y ex diplomático de seguridad en EU y Belice y ex académico de American University en Dubai señala que como parte del contexto en el que se encuentra el mundo, con la invasión a Ucrania, “es fundamental no exponer a las Fuerzas Armadas más allá de mantener la estabilidad del país, sino también porque el contexto internacional del futuro es incierto, por lo cual es conveniente contar con una fuerza militar eficiente y capaz para hacer frente a un entorno externo complicado”.
La propuesta de Maciel para el Ejército mexicano de la siguiente década
De cara a la siguiente década, Maciel Padilla reitera la importancia de mantener la integridad y la confiabilidad de las Fuerzas Armadas, como la prioridad del Gobierno Federal, tanto por su liderazgo civil como para el prestigio de la corporación.
Pero también insiste en que el Gobierno desista de la intención de utilizar al Ejército y la Marina para fortalecer la seguridad de estados y municipios, con funciones que no pueden realizar corporaciones corruptas o incapaces de cumplir con sus obligaciones.
Esta decisión “retrasa el desarrollo de policías eficientes, expone a la institución militar a problemas de corrupción y al aumento de violación de los derechos humanos”, señala el doctor Maciel egresado del prestigioso Kings College de Londres
Sin embargo, su análisis anticipa que realizar estas mejoras en la estructura de seguridad nacional no se vislumbra en el corto plazo, pues la situación actual en varias regiones del país, impide el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles, “al menos no dentro de los próximos cinco años como parte de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional”.
Pese a ello, Maciel, experto en -seguridad fronteriza, norte y sur- propone que una vez que se determine esta transición, las Fuerzas Armadas deben permanecer, con el aporte de “lineamientos claros para que estas corporaciones aporten infraestructura, plataformas electrónicas e información de inteligencia a las fuerzas de seguridad civiles, para que sean estas las que en última instancia lleven a cabo las investigaciones, los arrestos y las incautaciones, así como la destrucción de cultivos ilegales” Fuente:
Finalmente, otra perspectiva académica que comparte parte de la comunidad de especialistas en seguridad son los planteamientos del investigador Juan Manuel Sandoval, en uno de sus últimos libros publicado en 2018 y curiosamente reseñado en la página oficial del gobierno federal ese mismo año, se puntualiza en la página oficial que “un interesante análisis de la situación actual que se vive en la frontera norte del país es lo que ofrece el más reciente libro de Juan Manuel Sandoval Palacios, “La frontera México–Estados Unidos: Espacio global para la expansión del capital trasnacional.”
Prosigue la reseña oficial que “el volumen, publicado por la Secretaría de Cultura en la Colección Etnología y Antropología Social, plantea el fenómeno de la “securitización” que visualiza cualquier aspecto económico, político o social en el marco de la seguridad nacional de Estados Unidos.”
Indica la reseña gubernamental que “La securitización de la frontera, que incluye la militarización como uno de sus principales factores, dio inicio hace más de 40 años, a una política en contra de la migración irregular y el narcotráfico, a los cuales desde 2001 se sumó la lucha contra el terrorismo a raíz de los atentandos del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.” Fuente: https://www.gob.mx/…/libro-plantea-la-frontera-norte…
Hoy mayo de 2024, prosigue activa una política norteamericana y mexicana contra la migración irregular. La lucha contra el narcotráfico sigue pero con muchos claroscuros de parte del gobierno mexicano con omisiones y presuntas complicidades con el crimen organizado.
Y de parte del gobierno estadounidense muy focalizado en la oferta y países productores sin generar una visión de política sanitaria en su territorio y pocas acciones para acotar su venta y consumo en sus mercados nacionales así como los efectos colaterales como el lavado de dinero en su sistema bancario y financiero.
GOB.MX
Libro plantea la frontera norte como espacio global para la expansión del capital

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