Apenas han pasado 24 horas desde la victoria que se apuntó Donald Trump al lograr que el Congreso le aprobara una millonaria partida presupuestaria para iniciar la construcción del muro, cuando California lo paró en seco al declararse «estado santuario» en abierto apoyo de los inmigrantes indocumentados.
El gobernador estatal, Jerry Brown, quien por cierto es demócrata, estampó su firma en un documento que avala esta ley estatal y que representa un nuevo desafío a la política trumpista de contener el flujo de migrantes que llegan de manera ilegal a la Unión Americana.
En su mensaje tras aprobar la medida, Brown señaló que «son tiempos inciertos para los californianos sin documentos y sus familias». «Esta ley encuentra un punto intermedio que protegerá la seguridad pública mientras aporta una medida de consuelo para aquellas familias que están ahora viviendo con miedo cada día», añadió.
En septiembre, tanto el Senado como la Asamblea de California aprobaron la Ley SB54, la cual concreta el estatus de «ciudades santuario» y permite actuar en el caso de la migración independientemente de las políticas federales, es decir, le autoriza a no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que busca operar con mayor fuerza bajo la política de Trump para detener y deportar a cualquier individuo que considere sospechoso de ser indocumentado.
Sin embargo, esto no exime a las autoridades locales de trabajar conjuntamente con las autoridades federales de inmigración, sobre todo cuando una persona ha sido declarada culpable de haber cometido algún delito contenido en una lista de cerca de 800 violaciones a la ley, la mayoría graves.
Sólo para que lo sepan: La Ley SB54 fue presentada por el presidente del Senado, Kevin de León, bajo el nombre de Ley de los Valores de California. El trasfondo de esta legislación consiste en proteger a los inmigrantes irregulares porque se valora su aportación a la economía californiana, que ha hecho a este estado el más rico de la Unión Americana. Basta y sobre decir que en California viven más de 2 millones de residentes que han hecho su vida sin tener documentación en regla, es decir, una cuarta parte de la población migrante indocumentada en el país.
