Un día después de que se entregara de manera voluntaria al FBI, Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, fue acusado de «conspiración contra Estados Unidos» , dando inició a los primeros movimientos resultados de las investigaciones de la trama rusa. En el mismo caso también está el empresario Rick Gates, allegado de Manafort.
Aunque ambos se declararon inocentes, enfrentan al menos doce cargos entre los que se encuentran lavado de dinero, así como ser agente no registrado de una autoridad extranjera, falso testimonio y el omitir la presentación de reportes de bancos extranjeros y cuentas financieras. Una juez federal les dictó arresto domiciliario y una fianza de diez y cinco millones de dólares, respectivamente.
Por otra parte, George Papadopoulos, ex consejero de política exterior de Trump durante los comicios, se declaró culpable de mentir sobre sus lazos con Rusia. También está acusado de obstrucción a la justicia por ocultar sus conversaciones con un representante anónimo vinculado a Moscú quien le ofrecía datos «sucios» Donald Trump.
«A través de sus falsas declaraciones y omisiones, el acusado Papadopoulos impidió la investigación en curso del FBI sobre la existencia de vínculos o coordinación entre individuos asociados con la campaña y los esfuerzos del gobierno ruso para interferir con las elecciones presidenciales de 2016», dio un reporte del fiscal especial, Robert Mueller.
Manafort y Gates están ahora sometidos a un profunda investigación en torno al hallazgo de evidencias para iniciar un juicio con todas sus prerrogativas y la presión federal para que entreguen documentos sobre las sospechas que pesan sobre ellos.
En realidad, el proceso realizado por Mueller es proceder a través de acusaciones criminales para acceder a enredada madeja que significa la trama rusa, es decir, está poniendo presión en los allegados de Trump para determinar si hubo una interferencia directa en las elecciones en favor del magnate inmobiliario.
Manafort está en la cuerda floja y con la probabilidad de enfrentar una sentencia de 20 años de prisión. Esto, sólo por el simple cargo de lavado de dinero.
