Alberto Fujimori sigue en el banquillo de los acusados. Está vez, es investigado por el caso de las esterilizaciones forzadas durante su mandato, que consistió en la ligadura de trompas de falopio sin consentimiento hechas a cinco mujeres, de acuerdo con una demanda presentada por la ONG Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
El fiscal superior de Perú Luis Landa aceptó el caso, iniciado por la fiscal Marcelita Gutiérrez, y señaló que Fujimori debe ser denunciado como autor mediato y responsable directo por los hechos. La denuncia también se extendió a sus ex ministros Marino Costa Bauer, al ex director del Programa Nacional de Planificación Familiar, Jorge Parra y a su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga.
Según la organización Demus, esta práctica considerada ilegal fue realizada durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000. En ese periodo, se efectuaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías, específicamente entre 1996 y 2001, casi todas a personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales.
Sin embargo, no hay una cifra exacta de cuántas de estas operaciones se realizaron recurriendo a presuntos engaños y coacciones, sin embargo, 2.166 mujeres denunciaron habérseles practicado procesos de esterilización sin su consentimiento o sin haber sido notificadas del proceso.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó al menos una mujer muerta a consecuencia de esas operaciones.
Fujimori, quien ahora tiene 79 años, fue indultado en diciembre pasado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Su indulto contemplaba también una inmunidad para cualquier otros proceso, sin embargo, en este caso, se consideró que el juicio ya estaba en marcha por el caso de Pativilca, donde un grupo militar Colina masacró a seis campesinos.
