Google, YouTube y la moralfare

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En marzo de 2022, un mes después del inicio de la guerra en Ucrania, el gigante Google, dueño de YouTube, advirtió a los productores de contenido (aunque con derechos cosméticos, son los principales empleados de la super plataforma; quienes logran al menos 1.000 subscriptores y 4.000 horas de visualizaciones reciben el primer dólar) que tengan cuidado con sus productos audiovisuales y se abstengan de expresar alguna idea u opinión que “explota, descarta o aprueba” la guerra en Ucrania.

Naturalmente, ninguna de estas advertencias fue nunca ejercida para las guerras lideradas por la OTAN, ni siquiera las más recientes en Medio Oriente y Noráfrica. Por el contrario, la brutal invasión de Irak en base a “información falsa” y narrativas para niños, la que dejó un millón de muertos, millones de desplazados y medio continente sumido en el caos más violento que se hubiese podido imaginar, fue apoyada por estos mismos medios en base, por ejemplo, al “Patriot Act” aprobado en Washington en octubre de 2001, por el cual ni siquiera estaba permitido publicar las fotos de los muertos propios retornando al país ni los muertos ajenos hundiéndose en el olvido; por otra parte, se exigía que cada reporte “desde el lugar de los hechos” fuese acompañado con la repetida referencia al ataque de las Torres Gemelas. Por no mencionar guerras más recientes, masacres, bombardeos sistemáticos de drones, matanzas ocultadas a la opinión pública, rebeliones inoculadas o secuestradas, magnicidios de dictadores o líderes rebeldes, como el de Muamar el Gadafi, y más violaciones en curso de los derechos humanos por parte de gobiernos poderosos, como los abusos y exterminios en masa de los pueblos en Yemen, Siria y Palestina.

Una forma sutil y por demás efectiva de censura de los pequeños y grandes productores de contenido cultural, de entretenimiento o de noticias en YouTube, consistió en la mejor estrategia de censura que cualquier sistema democrático o dictatorial conoció en los últimos siglos, desde el Panóptico de Jeremy Bentham en el siglo XVIII hasta el miedo de los usuarios de que la CIA o la NSA y otras agencias secretas estén vigilando sus actividades en Internet, pasando por innumerables dictaduras, como las dictaduras militar-capitalistas en América Latina durante el siglo XX.

En este caso, la autocensura comenzó con la amenaza, por parte de Google y YouTube, de una desmonetización. Es decir, eres libre de pensar lo que quieras, pero si dices algo con lo cual no estamos de acuerdo, dejaremos de pagarte por tu trabajo y no hay gremio que pueda defenderte. De hecho, es lo que le ocurrió a muchos de los periodistas independientes en la plataforma, algunos de los cuales son mis amigos.

En otras palabras, las mega plataformas, nacidas y con residencia legal en Estados Unidos, no respetan siquiera la constitución de su país, la cual, en su Primera enmienda, garantiza la libertad de expresión, sin importar si ésta es la expresión del KKK o de los nazis, neonazis y renazis. Hecho que resulta en una grave contradicción al derecho extraterritorial de las mismas leyes estadounidenses que se aplican, incluso, en países como China, en las instalaciones de compañías como Apple o Microsoft, como si tuviesen inmunidad diplomática.

Google remató su amenaza con el siguiente sermón moral, propio de la doble vara de las grandes potencias y de las grandes corporaciones: las políticas de la empresa se violan cuando, por ejemplo, se publica “contenido peligroso o despectivo… que incite a la violencia o niegue eventos trágicos” en Ucrania. Si existe un lawfare, está claro que los poderosos de siempre han inventado un moralfare (sobre todo en empresas privadas que escriben sus propias leyes) para secuestrar principios caros a los de abajo.

Las víctimas son víctimas en cualquier caso (desde el Sahara hasta Madrid, desde Libia hasta Paris, desde Sud África y el Congo hasta Londres y Bruselas, desde Guatemala y Chile hasta Washington, desde Siria y Palestina hasta Ucrania), pero la moralfare se usa solo para compadecerse y apoyar con toda la fuerza de los medios, la propaganda y la narrativa internacional, a unas víctimas e invisibilizar a otras.

La mafia de las corporaciones del Primer Mundo son un pulpo con tentáculos globales y todas tienen un factor común: dinero, medios y poder. La selección de Rusia fue excluida del mundial de fútbol de Catar de 2022, sin que nadie se horrorice por los 7.000 inmigrantes muertos para preparar la fiesta mundial del fútbol en esa petrodictadura del Golfo Pérsico, donde, como en Arabia Saudita, no hay espacio para la indignación de las mujeres oprimidas ni indignación de las mujeres de la OTAN por razones mediáticas y estratégicas. La misma FIFA fue cómplice del fascismo italiano que hizo posible la obtención de los campeonatos de fútbol en 1934 y 1938; el mismo caso de Argentina 1978, cuando la brutal dictadura del general Videla no fue castigada sino premiada por la mafia internacional. Estados Unidos participó del mundial de 2002 en Corea del Sur y Japón, pese a los masivos bombardeos, torturas y masacres en Irak.

En 2011 el jugador de fútbol del Sevilla, Frederic Kanouté, fue sancionado por mostrar su apoyo al pueblo palestino. Apenas iniciada la guerra en Ucrania, todas las transmisiones de los partidos de la popular y poderosa La Liga española fueron acompañadas sin tregua por una bandera de ese país al lado del cronómetro, como forma de solidaridad ante la agresión de un país más fuerte (los medios informan de una guerra de Rusia contra Ucrania, no la más obvia guerra de Rusia contra la OTAN). Clubes de fútbol europeos, como el Atlético de Madrid, iluminaron sus estadios con los colores de la bandera ucraniana, por lo cual recibieron felicitaciones por su acto de heroísmo y solidaridad con los Derechos Humanos. Lo mismo ocurrió en otros estadios, como el Wembley de Inglaterra. En muchos partidos de la también poderosa Premier League de Inglaterra, los jugadores fueron obligados a entrar al campo de juego con la bandera ucraniana, como signo de neutralidad deportiva.

Como lo estableció y practicó el padre de la propaganda moderna, Edward Bernays, la mejor forma de administrar una democracia es diciéndole a los ciudadanos lo que deben pensar. “La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento importante en una sociedad democrática”. Según un informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) publicado en 2022, “la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció en 1936 que ‘un público informado es la más poderosa de todas las restricciones contra los abusos del gobierno. Sin embargo, hoy en día, gran parte de los asuntos de nuestros gobiernos se llevan a cabo en secreto. Existe una multitud de agencias secretas, de comités secretos del Congreso, tribunales secretos e, incluso, existen leyes secretas. Este estado secreto en permanente expansión representa una amenaza seria a la libertad individual y socava la misma noción de gobierno de, por y para el pueblo”.

JM. Parte del próximo libro del autor, Moscas en la telaraña (2024)

Foto portada: Imagen de Pixelkult en Pixabay

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