Rabat, Marruecos. May. 30, 2024, (MAP).- El Reino de Marruecos ha sido brillantemente reelegido, en la persona de Mahjoub El Haiba, en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en las elecciones celebradas, el miércoles en Nueva York, con ocasión de la 40ª reunión de los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Extranjeros, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, la candidatura marroquí, elegida por abrumadora mayoría con 120 votos a favor, competía con otras quince candidaturas para uno de los nueve puestos vacantes en el Comité para el periodo 2025-2028.
Esta reelección es una prueba más de la credibilidad y confianza de que goza la acción del Reino, bajo la Alta Visión de Su Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios le asista, para la promoción de los derechos humanos y de su efectividad, tanto a través de las reformas democráticas emprendidas a nivel nacional, como mediante las iniciativas que lanza Marruecos a nivel multilateral en este ámbito.
Este éxito electoral se enmarca también en la estrategia que aplica el Reino, conforme a las Altas Orientaciones Reales, para poner al servicio de los órganos de la ONU su experiencia en los distintos ámbitos prioritario de la acción multilateral, como actor responsable y comprometido de la comunidad internacional.
Esta reelección es la culminación de una importante campaña de promoción llevada a cabo por todo el aparato diplomático del Reino.
El Haiba, actualmente profesor universitario, tiene una larga carrera en el campo de los derechos humanos. Ha ostentado anteriormente los cargos de Secretario General del Consejo Consultivo de Derechos Humanos (actualmente Consejo Nacional de Derechos Humanos) y de primer Delegado Interministerial para los Derechos Humanos.
Desde su primera elección en el Comité de Derechos Humanos, El Haiba ha trabajado para reforzar los métodos de trabajo de este importante órgano de tratados.
El Comité de Derechos Humanos, compuesto por dieciocho expertos elegidos por los Estados Partes sobre la base de una distribución geográfica equitativa, se encarga de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966.
Es un órgano de importancia capital, visto su mandato de examinar los informes de los Estados Partes sobre la aplicación del Pacto, elaborar observaciones generales sobre las obligaciones y examinar las comunicaciones relativas a las violaciones de este instrumento.
