“Wanted. El gobierno ofrece un millón de dólares por Henry Kissinger y Elliott Abrams, entre otros, luego que un juez de ese país latinoamericano ordenara su captura internacional por crímenes contra la humanidad”.
Nunca nadie leerá este titular. Lo natural es lo contrario.
El 21 de julio de 2020, el gobierno de Trump emitió una orden de captura y una recompensa de cinco millones de dólares por la captura del presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel Moreno, acusado de corrupción. El secretario de Estado Mike Pompeo explicó la decisión: Moreno “aceptó sobornos para influir en los resultados de algunos casos criminales en Venezuela; con este anuncio estamos enviando un mensaje claro: Estados Unidos está en contra de la corrupción”.
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Dos décadas atrás, por poner sólo un ejemplo de normalidad, en agosto de 2001, como respuesta al requerimiento del juez español Baltasar Garzón para que el ex secretario de Estado Henry Kissinger declare ante los tribunales internacionales por su participación en la mafia de generales que asesinaba desde Tierra del Fuego hasta Estados Unidos, pasando por Europa, y de otras diversas formas en las sangrientas dictaduras latinoamericanas, el gobierno de George W. Bush emitió un comunicado protestando: “Es injusto y ridículo que un distinguido servidor de este país sea acosado por cortes extranjeras.
El peligro de la Corte Penal Internacional es que un día los ciudadanos estadounidenses puedan ser arrestados en el extranjero por motivaciones políticas, como en este caso”.
